La desaparición forzada ha incrementado alarmantemente en el estado de Guanajuato y en su búsqueda sus familiares se enfrentan a obstáculos de diversa índole, como la estigmatización social a las personas desaparecidas, sobre quienes recaen juicios morales, señalamientos de culpabilidad y acusaciones de peligrosidad; el desdén y revictimización por parte de las autoridades encargadas de la investigación y procuración de justicia; las presiones, intimidación y estrategias de desarticulación y cooptación por parte de instancias estatales; así como a las extorsiones, amenazas y ataques por parte de los grupos criminales.

Ante esta realidad se han conformado múltiples colectivos de búsqueda, los cuales tienen distintas condiciones de formación política y de experiencia organizativa resultado de sus particularidades históricas y contextuales. Entre ellos, el colectivo del municipio de Acámbaro se distingue por su cercanía territorial, social y religiosa con Michoacán. Fue así que, con la intención de contrarrestar la violencia que arreció en 2017, la diócesis del estado vecino impulsó el denominado Centro de Escucha, dispositivo social formado por personas que asumieron el compromiso de prestar oídos a quienes vivían violencia, sin emitir juicios ni revictimizaciones; a esto se sumaron las llamadas misas callejeras, llevadas a cabo en sitios en los que se habían cometido crímenes y que incluían un pase de lista de las personas que habían sufrido violencia. Estas iniciativas, a manera de políticas de escucha y reconocimiento, abonaron a la desestigmatización y asentaron las bases de la reivindicación del derecho a buscar y ser buscado.

Resultado de un trabajo de acompañamiento basado en la construcción de la memoria común, esta ponencia da cuenta de cómo esas iniciativas fueron la base de una contranarrativa que permitió al las personas desaparecidas emerger como un sujeto político que, aún en ausencia, dio pie a la conformación del colectivo de Búsqueda de Acámbaro.