En las últimas décadas, la inseguridad y violencia urbanas se han convertido en dimensiones centrales de la experiencia de las ciudades latinoamericana y de los estudios sociales que la abordan y analizan. Distintas investigaciones han destacado una pluralidad de situaciones y efectos de estas dimensiones en la producción, apropiación y uso del espacio urbano; así como en la sociabilidad y los imaginarios entre distintos sectores sociales. Sin embargo, se ha señalado también que la inseguridad y la violencia, aunque extiendan su sombra en la ciudad en su conjunto, aparecen de forma diferenciada en la vida de las personas, remarcando líneas de división y desigualdad social como la clase, el género, la clasificación racializada de los cuerpos, la edad y el propio espacio urbano con sus ámbitos de segregación, marginación y exclusión. En este sentido, se ha destacado que a las distintas desventajas y situaciones adversas que han vivido los sectores populares urbanos, ahora se suma también las generadas por la inseguridad y la violencia.
                    Mientras gran número de investigaciones se ha centrado en analizar las condiciones de violencia e inseguridad en el espacio público de los barrios populares, en esta ponencia indago en la inseguridad y usos de violencia en disputas por la posesión de un recurso indispensable, motivo de distintas movilizaciones y luchas de estos sectores: la vivienda.
                    En los espacios centrales de la Ciudad de México, una forma de acceso a la vivienda para los sectores populares se ha dado mediante la ocupación de viviendas abandonadas y predios baldíos, en situaciones irregulares sobre su propiedad. En muchos de estos espacios los inquilinos se encuentran en procesos judiciales y administrativos para ser reconocidos como posesionarios y propietarios de la vivienda que han habitado durante años, en muchos casos décadas; así como para recibir apoyos públicos orientados a reconstruir los espacios habitacionales, a menudo en situaciones ruinosas. Sin embargo, en los últimos años, estos vecinos se han enfrentado a los intereses de otros actores por estos espacios, que aprovechan de la informalidad de la posesión para despojarlos a través de distintas estrategias, que de una u otra forma recurren a usos de violencia. Es esta situación, en una trama compleja donde aparecen empresarios inmobiliarios, jueces y agentes del ministerio público, policías, “cargadores” y actores criminales, el objeto de análisis que me interesa presentar.