Se presenta un recuento de los efectos que ocasionan las acciones del crimen organizado en las estructuras socioeconómicas y en la identidad social de la población rural de dos municipios del norte de Chiapas. En los últimos dos años el estado de Chiapas ha padecido una agudización sin precedentes de la violencia ligada a luchas por el control territorial de diferentes grupos del crimen organizado. En su diversificación socioeconómica, éstos se han propuesto ampliar el margen de control de los procesos sociales de los territorios por los que luchan, imponiendo gobernanzas de facto que imponen monopolios en el tráfico no solo de drogas, sino de seres humanos (migrantes y trata de blancas de Centroamérica, el Caribe y África), de “cobro de piso” (amenaza de daño a la propiedad o a la integridad física a cambio de un aporte monetario) y de productos legales. Ahora fungen como el nuevo “coyotaje” que acapara la distribución de cualquier producto agropecuario que reditúe alguna cuota de ganancia, vapuleando con ello la de por sí frágil economía de las familias campesinas. Imponen el terror asesinando o torturando a comerciantes que se niegan a pagar las cuotas que imponen, y orillan a la población rural a limitar sus emprendimientos de pequeña escala a casi una nulidad por el temor a ser extorsionados y, con ello, dejar un margen de ganancia de sus actividades productivas y comerciales todavía más magro. Se nutrirá el análisis con una comparación sucinta de los casos de otros dos municipios del Estado de México y de Michoacán. Se plantea revisar los conceptos de gobernanza y crecimiento económico, como claves para comprender la reacción masiva que ha significado este resurgimiento de la violencia en Chiapas.