En las últimas décadas, México ha experimentado una notable transformación política como consecuencia de un repunte en la participación de la sociedad en asuntos de interés públicos. El proceso de cambio no ha sido homogéneo a lo largo y ancho del país: hay regiones que continúan reproduciendo prácticas clientelares, patrimonialistas y corporativas; pero hay otras que han empezado a transitar hacia un camino democratizador caracterizado por la incertidumbre en el sistema de partidos, la transparencia y la rendición de cuentas.
En este proceso hay una importante tensión entre la concentración del poder de las instituciones del Estado y la integración de los territorios. En estos escenarios ha operado de manera concomitante el ejercicio de la violencia de los grupos delincuenciales, que se han especializado en la venta de drogas, el trato de personas, las extorciones, los secuestros y hasta la venta de seguridad. Lo que ha reproducido en la práctica una disputa por el uso de la violencia en los territorios entre el Estado y los grupos delincuenciales. Por un lado, las instituciones del Estado tienden a la concentración del poder en el territorio; por otro lado, los grupos delincuenciales tienden hacia la fragmentación para controlar los márgenes.
En las líneas que siguen me interesa explicar por qué el sur del Estado de México que cuenta con un importante potencial económico por desarrollar actividades como la floricultura, el turismo, el desarrollo inmobiliario, el comercio y actividades agropecuarias, se encuentra en un complejo espiral donde la violencia es ejercida por los grupos delincuenciales. Asimismo, explicar por qué el Estado con sus instituciones de gobierno y con la implementación de políticas es incapaz de combatir a las organizaciones delincuenciales de manera eficaz. Finalmente, me interesa explicar por qué en el sur del Estado de México se han recreado márgenes en las estatalidades.