Fue durante el año 2010 que en el Pueblo Mágico de Santa Clara del Cobre que se fue evidenciando un conflicto interno entre miembros del Sistema barrial de cargos y el sacerdote de la parroquia. Miembros del sistema barrial refieren que, desde agosto del año 2010 durante las fiestas patronales, el sacerdote de la parroquia comenzó a tomar decisiones sobre su organización, acusando a su máxima autoridad tradicional de un robo durante una reunión de la comunidad Indígena. Este conflicto entre el sistema de organización barrial y el sacerdote implicaría un largo proceso de enfrentamientos y divisiones internas que fueron invisibilizados por las autoridades tanto del orden civil como eclesiástico por casi 13 años.
A pesar de que dicho conflicto iniciara desde ese año, la problemática se evidenció hasta el año 2016 tras un complejo proceso de judicialización que se centraría en los Derechos Humanos, la libre determinación y la autonomía, promovido por una parte del Sistema de cargos barrial contra la Secretaría de Asuntos Religiosos del Estado de Michoacán . El reclamo principal de los barrios se centraba en el respeto de sus formas de organización religiosa, elección de sus autoridades tradicionales y uso de espacios comunes, siendo uno de los más importantes el hospital de naturales o Huatapera que se encontraba en el primer cuadro del pueblo, dentro del perímetro catalogado como Zona de Monumentos Históricos desde el año 2001 y en posesión de la Comunidad Indígena la cual legalmente se llamaría Comunidad Indígena de Villa Escalante desde 1940.
Con la llegada del nuevo sacerdote en el año 2017 José Antonio Rodriguez Ortiz y apoyado por el Obispo de la diócesis de Tacámbaro Gerardo Díaz Vázquez, éste fomentó la división ya existente entre los barrios, la población y la Comunidad Indígena al iniciar con la desacreditación de nueva Mesa Directiva de la Comunidad, dividiendo las posturas entre los 252 comuneros que integran dicha organización. El elemento central de la nueva disputa se vinculó con el hecho de que la Comunidad Indígena referían que en sus documentos de restitución de tierras fechado en el año de 1940 y sustentado en un título primordial de 1714 argumentaban que eran poseedores legítimos de la Huatapera (lugar donde la Comunidad Indígena tiene su oficina), la casa cural, el terreno que ocupa el Colegio Sor Juana Inés de la Cruz y de un terreno al interior del atrio del templo parroquial, propiedades que se habían manejado a través de un comodato de préstamo y terrenos por los que los comuneros año tras año pagan contribución, sin olvidar que estos se localizan en el primer cuadro del centro histórico de Santa Clara del Cobre y que por años, también habían sido los custodios de Templo de la Inmaculada Concepción.
La presente ponencia analiza el caso particular de la disputa en Santa Clara del Cobre por los patrimonios despojados, que hasta hoy día se encuentran en conflicto y son parte central en las percepciones de futuro de los comuneros.