En El Salvador, el período presidencial del 2019 al 2024 representó una alternancia en el Gobierno que significó cambios significativos en la acción pública y generó profundas reestructuraciones en el aparato estatal. Uno de los cambios más importantes fue la transformación de la política de seguridad pública, reemplazando el Plan El Salvador Seguro vigente por el Plan Control Territorial.
El Plan Control Territorial tiene como objetivo formal la reducción de la inseguridad pública mediante la modernización de las fuerzas de seguridad, un mayor despliegue del ejército en el territorio y la lucha frontal contra las pandillas, con el fin de desarticularlas y recuperar el control de los territorios que estas ocupan. Si bien el Plan Control Territorial ha logrado una disminución sin precedentes de la delincuencia en términos técnicos, un análisis de la política desde su dimensión valorativa revela cómo la seguridad pública se ha convertido, en esta administración, en un mecanismo de poder en el cual se han desarrollado discursos que, más allá de la persecución del delito, construyen simbólicamente una categoría de “enemigo público” con límites flexibles que incluye no solo a los pandilleros, sino también a aquellos actores críticos en mayor o menor medida al gobierno.
Aunque la confrontación hacia actores críticos no es algo nuevo en la gestión gubernamental, la estrategia de seguridad pública y los discursos desplegados llevaron, después de un fin de semana con 87 homicidios registrados, a la instauración de un estado de excepción “permanente”, que se ha convertido en la nueva norma y ha dado lugar a una construcción simbólica de una ciudadanía diferenciada, así como a procesos de desciudadanización en ciertos sectores de la población.