México presenta como realidad sociodemográfica un proceso de envejecimiento, en donde el aumento de la población de 60 años y más se ha visto acentuado en los últimos 20 años, de manera que actualmente se calcula que el 14% de la población nacional está en este grupo etario, lo que les posiciona en una situación de desventaja en cuanto a las políticas públicas vigentes, dado que a pesar de que se ha vuelto un tema de agenda nacional, siguen existiendo lagunas que evitan el ejercicio pleno de sus derechos.
Las proyecciones en nuestro país para el 2050 plantean que uno de cada cuatro mexicanos tendrá más de 60 años de edad, lo que implica que la cuarta parte de la población se encontrará en una etapa de la vida concebida como improductiva.
Este contexto se agrava para las personas mayores que se enfrentan a una innegable falta de oportunidades laborales, el rechazo/abandono familiar, la negación a los servicios de salud o la indiferencia y maltrato en espacios públicos, evidenciando una creciente discriminación y vulneración de sus derechos de manera cotidiana.
Es entonces que la importancia de atender al envejecimiento debe radicar no solamente en la asistencia social destinada a las personas de más de 60 años de edad, sino que debe de tener, de primera instancia, la intención de contribuir de manera impactante en el desarrollo de la sociedad mexicana que necesita de bases sólidas, basado en el conocimiento de la realidad social que lleve a concebir a cada individuo como parte de una sociedad que envejece y que necesitará de políticas públicas viables para la calidad de vida de la población mayor de 60 años y no solamente de su sobrevivencia.