Históricamente existe una deuda educativa, de salud y de justicia con los pueblos indígenas del país. Desde la formación del estado mexicano, la implementación de políticas de asimilación e integración ha dado como resultado la pérdida de lenguas y la negación de la diferencia. La diferencia es considerada como obstáculo, por lo que la uniformidad lingüística y cultural fueron claves en la construcción de una nación monocultural, en esta monoculturalidad el español es considerada una lengua franca, colocándose por encima de las lenguas indígenas, de este modo, en los diferentes espacios públicos y privados hablar una lengua indígena se convierte en sinónimo de pobreza y de atraso.
Acceder a los servicios públicos para las poblaciones hablantes de lenguas indígenas es un reto lingüístico. En el ámbito de la justicia, muchas veces, las personas hablantes no se le asignan a un intérprete en su variante dialectal, aunque en el estado mexicano existen leyes que promueven los derechos lingüísticos de las comunidades y pueblos indígenas la discriminación lingüística es tan vigente que se reproducen en los juzgados, en los ministerios públicos, o en otros espacios, al negar y violentar los derechos lingüísticos de las personas hablantes de una lengua indígena. Es en este sentido, que la presente ponencia tiene el objetivo de analizar la discriminación lingüística en el acceso a la justicia, a partir de recopilación de datos en periódicos y redes sociales.