La trata de personas representa una grave violación a los derechos humanos y es un problema público con incidencia en varios municipios de México, particularmente los que reúnen factores de riesgo como altos índices de violencia, condiciones de desigualdad, falta de oportunidades e impunidad. Este problema se agudiza en contextos fronterizos, donde la actividad económica y el atractivo que representa la posibilidad de migrar genera un constante flujo de personas, quienes se suman a las poblaciones locales que, por sus condiciones de sexo, edad, nivel educativo y clase social, se encuentran vulnerables frente al riesgo de convertirse en víctimas.
En un esfuerzo por contribuir a la mitigación de este problema, México fue uno de los primeros países en ratificar el Protocolo de Palermo; no obstante, la política pública en materia de trata de personas a nivel nacional y específicamente en Ciudad Juárez se desarrolla de manera desarticulada, no responde a la realidad local y no contribuye a su mitigación en este municipio.
En ese sentido, se desarrolló una investigación, haciendo uso del enfoque heterodoxo de los policy studies que permitió aproximarse al proceso desde su complejidad; se trata de un estudio de caso que parte de un enfoque cualitativo y de una concepción interpretativa basada en la práctica y los discursos alrededor de las políticas públicas. Se tuvo como objetivo la reconstrucción de la trayectoria de políticas en materia de trata, centrada en la delimitación del problema y el establecimiento de la agenda pública.