“El impacto jurídico del peritaje antropológico de contexto en procesos penales contra personas indígenas”

La criminalización de decenas de familias de la comunidad Ngixó de Eloxochitlán de Flores Magón, a raíz de un conflicto sociopolítico, confronta los límites del poder punitivo del Estado aplicado a personas indígenas. La defensa legal de Miguel Ángel Peralta Betanzos, defensor mazateco del territorio y de la libre determinación de esta comunidad, permitió presentar como prueba un peritaje antropológico de contexto para asegurar la incorporación de la perspectiva intercultural en la valoración de las pruebas acusatorias. Este peritaje es clave para que el tribunal aplique un análisis dogmático-penal libre de sesgos. Se trata de una herramienta que rebasa la mirada jurídica tradicional de asumir la identidad indígena como una vulnerabilidad que requiere asistencia; generalmente acotada a la dimensión lingüística. Miguel Peralta rechazó disponer de intérprete, lo relevante de su autoadscripción es la condición política que exige analizar el contexto de autodeterminación. La Suprema Corte ha reiterado que, cuando participan personas y comunidades indígenas en un proceso penal, deben conocerse el contexto sociopolítico de los hechos, incluso mediante peritajes antropológicos u otros medios lícitos. Sin embargo, no hay registro de que la propia Corte haya usado un peritaje antropológico de contexto para valorar las pruebas acusatorias contra una persona indígena. A partir del ofrecimiento de este peritaje en el amparo directo del caso, expongo su impacto en el peso probatorio de pruebas de cargo como los testimonios de personas afines al cacicazgo local e, incluso, la duda razonable que puede generar el contexto. El punto nodal es evidenciar la asimetría de poder entre las partes: por un lado, el cacicazgo que acusa y, por otro, el grupo guardián de la autonomía que debe defenderse penalmente por hechos que ocurrieron en un contexto de violencia comunitaria.